La pandemia derivada de la propagación del SARS-CoV-2, tan contagiosa como inesperada, ha sacudido todas nuestras estructuras institucionales. El virus se ha esparcido de manera amplia mediante los canales usados por la misma globalización y la movilidad interna. En este escenario, los gobiernos de todos los niveles tratan de tomar las riendas de la situación; nombran comités o consejos de expertos y políticos para encargarse de la epidemia, ajustan presupuestos y echan andar recursos públicos para ayudar a los diversos actores económicos y a la población en general. También, tratan de modificar sus capacidades para intervenir a través del orden público, donde consideran conveniente. Sin embargo, el tratamiento de la pandemia no ha sido el mismo en todos los niveles de gobierno. Las medidas han dependido de la fortaleza institucional y la legitimidad política del régimen. Inesperadamente, en algunas partes de México se han pretendido incrementar los sistemas de vigilancia y control, buscan limitar el contagio por métodos más disciplinarios; en otras partes de la nación se han implementado reglamentos y sanciones para evitar el tránsito o convivencia de los ciudadanos. En ambos casos, la tecnología y vigilancia policial juegan un papel preponderante, la primera se usa para rastrear y diagnosticar casos o para producir y distribuir mercancías, mientras que la segunda se ha encargado de mantener el orden público.
Las prácticas democráticas se han visto vulneradas ante la pandemia. La mayoría de las instituciones han sido cuestionadas por ciudadanos insatisfechos debido a las medidas gubernamentales, e incluso han montado protestas en las calles, contrarias a las medidas de sana distancia o aislamiento, en pro de la “libertad”; las redes de seguridad social no han sido suficientes, lo que ha provocado un estado de precariedad no sólo de salud, sino de vivienda, violencia y laboral. Las políticas económicas de rescate han sido criticadas de manera global, ya sea por el énfasis en la ayuda a las empresas o a ciertos ciudadanos. También hay medidas autoritarias que parecen permanentes más que transitorias ¿Estarán, entonces, los logros democráticos amenazados por nuevas formas de autoritarismos ante la crisis institucional derivada de la pandemia?
 

La pandemia derivada de la propagación del SARS-CoV-2, tan contagiosa como inesperada, ha sacudido todas nuestras estructuras institucionales. El virus se ha esparcido de manera amplia mediante los canales usados por la misma globalización y la movilidad interna. En este escenario, los gobiernos de todos los niveles tratan de tomar las riendas de la situación; nombran comités o consejos de expertos y políticos para encargarse de la epidemia, ajustan presupuestos y echan andar recursos públicos para ayudar a los diversos actores económicos y a la población en general. También, tratan de modificar sus capacidades para intervenir a través del orden público, donde consideran conveniente. Sin embargo, el tratamiento de la pandemia no ha sido el mismo en todos los niveles de gobierno. Las medidas han dependido de la fortaleza institucional y la legitimidad política del régimen. Inesperadamente, en algunas partes de México se han pretendido incrementar los sistemas de vigilancia y control, buscan limitar el contagio por métodos más disciplinarios; en otras partes de la nación se han implementado reglamentos y sanciones para evitar el tránsito o convivencia de los ciudadanos. En ambos casos, la tecnología y vigilancia policial juegan un papel preponderante, la primera se usa para rastrear y diagnosticar casos o para producir y distribuir mercancías, mientras que la segunda se ha encargado de mantener el orden público.
Las prácticas democráticas se han visto vulneradas ante la pandemia. La mayoría de las instituciones han sido cuestionadas por ciudadanos insatisfechos debido a las medidas gubernamentales, e incluso han montado protestas en las calles, contrarias a las medidas de sana distancia o aislamiento, en pro de la “libertad”; las redes de seguridad social no han sido suficientes, lo que ha provocado un estado de precariedad no sólo de salud, sino de vivienda, violencia y laboral. Las políticas económicas de rescate han sido criticadas de manera global, ya sea por el énfasis en la ayuda a las empresas o a ciertos ciudadanos. También hay medidas autoritarias que parecen permanentes más que transitorias ¿Estarán, entonces, los logros democráticos amenazados por nuevas formas de autoritarismos ante la crisis institucional derivada de la pandemia?